214 de ellos, casi tres cuartas partes del Parlamento, declaran ingresos del sector privado; y los demás, del sector público según han declarado ellos mismos y ha quedado recogido en dos dictámenes secretos del Pleno a puerta cerrada, uno en junio y otro el pasado jueves. La opacidad con la que ha sido tramitado este asunto ha tejido un manto de sospecha sobre la procedencia del dinero que ingresan los parlamentarios. Entre los pluriempleados hay 35 abogados, un árbitro, 50 alcaldes y concejales, socios de empresas y asesores de bancos y cajas.
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