Desde el final del franquismo, en el Estado español casi 500 personas condenadas han sido indultadas al año, una potestad que permite al Gobierno español enmendar las decisiones judiciales, muchas veces cuando atañen a policías torturadores o a políticos y empresarios corruptos. Así ha pasado recientemente con cuatro mossos condenados por torturas; un hecho habitual durante los últimos años en Euskal Herria
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