El denunciante, reclama a la administración catalana atrasos desde enero del 2007, cuando entró en vigor la norma en el conjunto de España pero la Generalitat no empezó a tramitar las solicitudes hasta mayo. El padre considera que su hijo debe cobrar la ayuda que le corresponde desde enero y no mayo, ya que el retraso en la puesta en marcha en Catalunya "pertenece a la administración y no al administrado".
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