Una de sus principales quejas radica en que ya existían vías para procesar a aquellos que, supuestamente, estuvieran cometiendo actos delictivos en Internet. Y que no era necesario ampliar el radio de acción de la justicia, y sobre todo de la Administración, con términos como "ánimo de lucro indirecto". Con la Ley Sinde, "cualquiera que tenga una web de cualquier tipo estará en peligro de censura y sin posibilidad de defensa real". Lo dice Pablo Soto, pendiente de una sentencia por crear software de P2P.
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