El debate sobre la necesidad de regular un estatuto que fije las funciones del príncipe de Asturias carece de fundamento constitucional. La idea, acogida con cierto agrado por PP y PSOE pero descartada por el ministerio de Justicia carece de encaje legal. Según fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es, una ley no puede fijar normas que superen a las marcadas por la Carta Magna.
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