Desde el PSOE, CiU, PNV o IU han saltado de inmediato a declarar que eso de meter en la cárcel a un alcalde o presidente autonómico derrochador es demasiado. ¡Hasta dónde podíamos llegar! ¿Tratar igual a un político que al gestor de una empresa privada que falsea sus cuentas o se salta las normas de buen Gobierno? Los partidos españoles lucharán por evitarlo.
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