La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, incurriendo en la comisión de un presunto delito electoral, comunicó en su día a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Valencia que la número dos del Ejecutivo no fue incorporada al Censo Electoral de la provincia de Valencia hasta el 11 de febrero de 2008. De acuerdo con la legislación, habían transcurrido once días desde que el Censo vigente para las elecciones del 9-M se considerase "inalterable", es decir, cerrado a cualquier modificación.
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