El Gobierno catalán aprobó hoy el proyecto de creación de la Oficina Antifraude, un organismo con personalidad jurídica propia y capacidad de acción independiente, que fiscalizará la actuación de toda la administración pública catalana, incluidos los entes locales, las universidades públicas, además de empresas privadas "concesionarias de servicios o contratistas de obra pública". Continuación de:
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