Aportaciones económicas de la Unión Europea han servido para levantar obras de dudosa legalidad o que tienen una escasa utilidad pública. En el municipio pontevedrés de Nigrán hay dos ejemplos:uno de ellos es la estación náutica de playa América, que costó 62.571 euros y que el Ayuntamiento se ha propuesto echar abajo porque se encuentran en dominio público y carecen de licencia de actividad. Otra, la carpa instalada en el pazo de Urzaiz, un restaurante ilegal, dado que no tiene licencia de ningún tipo para llevar a cabo esta actividad.
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