La lucha de las querellas populares contra los delitos de cuello blanco y la corrupción política se topa con la obstrucción de las fiscalías. No obstante, la Audiencia Nacional ya instruye cuatro de ellas. Algunas van dirigidas contra directivos de bancos. Otras piden cuentas a los responsables políticos de las privatizaciones o de las propias entidades financieras. Pero todas ellas tienen algo en común: las han presentado alianzas de movimientos sociales y grupos de afectados.
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