Los obispos españoles parecen empeñados en ser una excepción, no sólo en nuestro país, sino en el conjunto de la Iglesia católica. Así, mientras la Conferencia Episcopal se niega sistemáticamente a pagar el IBI por sus edificios no destinados al culto, sosteniendo que no se trata de privilegio alguno, sino de un derecho, el mismísimo Vaticano ha anunciado que paga, anualmente, un total de 9,3 millones de euros a la Comunidad de Roma en tasas e impuestos inmobiliarios.
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