Los obispos acusan al Congreso de poner en peligro la libertad religiosa,porque con tal decisión el Parlamento pone en peligro el principio de la libertad religiosa.Y segundo, porque atenta contra el principio de no injerencia. Para los obispos,la justa distinción entre Estado y sociedad y, más en concreto, entre Estado e Iglesia y entre el orden político y el orden moral, exige que las instituciones del Estado se abstengan de intervenir en el libre desarrollo de las instituciones religiosas de la Iglesia católica.
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