Desentenderse del control de las actividades delictivas de un tesorero dejará de ser impune para los partidos políticos. El Proyecto de Código Penal, impulsado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón y que recibió este viernes el visto bueno del Gobierno de Rajoy, incluye un artículo que, según señalaron fuentes de Justicia, es aplicable al "representante legal o administrador" de un partido político que no establezca medidas diligentes contra esas actividades delictivas de subordinados. Se castiga con entre 3 meses y 1 año de cárcel.
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