Las iniciativas que la industria cultural está preparando no se limitan sólo a instar a las instituciones a que dicten nuevas normas. El siguiente movimiento será el de evitar la persecución de tales prácticas por vía penal y centrarse en la civil, exigir cantidades que compensen el daño causado a los titulares de los derechos por la utilización no autorizada del material sujeto a propiedad intelectual. Una vía que, además, muchos expertos recriminan a las entidades de gestión que no hayan adoptado desde el principio.
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