Según el proyecto de reforma aprobado, los plazos de internamiento aumentarán de 40 a 60 días y, en caso de que el inmigrante solicite el asilo o el habeas corpus, el internamiento podrá ampliarse hasta un máximo de 14 días más. Estos "son supuestos que no permite la Directiva de la Vergüenza de la Unión Europea [Directiva de Retorno]", critica Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal y miembro del grupo de juristas. "Aunque lo más grave es la ampliación a 60 días", asegura.
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