Condenado a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación, el magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha terminado alegando enfermedad grave para evitar la cárcel, y situación económica de indigencia para que le reduzcan la multa. El TSJ de Canarias estudia sus recursos y el Poder Judicial sigue sin expulsarlo de la carrera
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