Según fuentes próximas al conflicto, la Comisión desaprueba lo que se conoce en la jerga sectorial como modificado de obra, un instrumento recogido en el artículo 202 de la Ley de Contratos del Estado. Consiste en la facultad del contratista para solicitar un incremento del presupuesto de adjudicación siempre que concurran "razones de interés público y para atender imprevistos", señala la ley.
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