La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha acusado a los notarios y registradores de la propiedad de apropiarse indebidamente de cerca de 93 millones de euros por cobros irregulares a los consumidores en las 372.042 cancelaciones de hipotecas realizadas en 2010, según informa la asociación en un comunicado. Esta es la principal conclusión extraída por la OCU tras analizar las facturas aportadas por los consumidores, de las que el 92% presentaban irregularidades en el cobro de los aranceles aplicados a las cancelaciones de hipotecas
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