En concreto, el artículo 182 del citado reglamento establece que "son incapaces o inhábiles para intervenir como testigos en una escritura notarial las personas con discapacidad psíquica, los invidentes, los sordos y los mudos". A juicio del CERMI, esto limita "injustificada y desproporcionadamente determinadas funciones a las personas con discapacidad".
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