IKT Norway, una asociación que integra a los grandes ISP de Noruega, ha emitido un comunicado en el que afirman categóricamente que en un estado democrático sólo los cuerpos policiales y los jueces tienen la potestad de investigar actos que puedan atentar contra las leyes y dictaminar las sentencias correspondientes. Un trabajo que en ningún caso puede recaer en los abogados y las agencias de comunicación de empresas privadas, en referencia clara a la MPAA estadounidense.
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