Tanto los funcionarios encargados de tener una carretera en buenas condiciones como los empleados o directivos de empresas adjudicatarias del mantenimiento de vías pueden enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión si se demuestra que han generado un grave riesgo para la circulación al incumplir voluntariamente sus obligaciones, según un artículo del Código Penal 'rescatado' por los Fiscales Especialistas en Seguridad Vial. Esto permite la posibilidad de aplicación a otros responsables distintos, cómo los funcionarios.
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