Los preceptos establecidos en la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas que entró en vigor el pasado 23 de diciembre, son de obligado cumplimiento y están por encima del ordenamiento jurídico de los Estados parte que la han suscrito y, por ello, esta norma debería acuciar a las autoridades judiciales españolas a esclarecer los casos de desapariciones forzadas durante el franquismo.
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