El Gobierno obligará a los municipios a incluir en un registro "todas las facturas" que emiten sus contratistas y será el interventor municipal, funcionario de carrera y de perfil técnico, quien velará para que los ayuntamientos certifiquen explícitamente la existencia de esas deudas. Ello evitará que los municipios utilicen recovecos legales para retrasar el pago de sus deudas. Algunos ayuntamientos, ante la falta de recursos, demoran el reconocimiento de facturas a su nombre para retrasar, a su vez, el pago, que es lo que esta norma evitará.
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