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Una sanción de 2.250 euros en plena Navidad por no dejar su apartamento en manos de un explotador. Es lo que le llegó a la propietaria de un piso del sur de Gran Canaria por hacer uso privado de él. Llega un reguero de sanciones a personas que se resisten a que un operador turístico gestione su propiedad. “Llegábamos a recibir 200 euros cuando el explotador alquilaba el apartamento en 900”, afirma un matrimonio afectado.
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