Las multas lingüísticas que impone la Generalitat, una medida polémica que el Tribunal Constitucional prohíbe, se mantienen en Cataluña. Acaba de trascender la sanción impuesta a una inmobiliaria, pero hay más. El año pasado se cursaron 78, lo que equivale a ingresos de 50.800 euros. La cifra supone un crecimiento respecto a 2017, cuando se impusieron 67, aunque entonces se recaudaron 75.700 euros.
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