Xurde Rocamundi, un comerciante catalán de Arenys de Munt, le ha plantado cara a la Generalitat. El gobierno autonómico le reclama desde hace más de un año 1.200 euros de multa por no poner los carteles de su inmobiliaria en catalán. Él se niega a pagar porque siente vulnerados sus derechos y está dispuesto a llegar al Tribunal Constitucional.
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