La Operación Molinos se dirigió contra la alcaldesa de La Muela, su familia, sus aliados políticos en el Ayuntamiento, algunos funcionarios públicos y, sobre todo, empresarios vinculados con la construcción y las operaciones inmobiliarias. De los 36 imputados que hay actualmente -el juzgado de La Almunia sobreseyó en noviembre de 2009 la causa contra la policía local Naila Urruzola-, tan solo tres estuvieron en prisión preventiva.
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