La sentencia de la Audiencia de Girona razona un delito de falsificación de documento oficial cometido por un funcionario público y suma a la pena de cárcel una multa de 1.800 euros y una inhabilitación de dos años para el ejercicio del cargo. La fiscalía había solicitado inicialmente cinco años de cárcel, otros tantos de inhabilitación y el pago de 7.200 euros por entender que la condenada amenazó inicialmente al camarero por no servirle cuando estaba cerrando el local...
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