La Fiscalía boliviana admitió una demanda de una decena de parlamentarios opositores al presidente Evo Morales, a quien acusan de “genocidio” por la violenta intervención policial a la marcha de indígenas que rechazan la construcción de una carretera financiada por Brasil. Monasterio justificó la demanda por el delito de “genocidio” porque el Código Penal boliviano admite esa figura no sólo cuando hay muertes, sino también cuando se ocasionan “lesiones de inhumana subsistencia” y cuando hay “desplazamientos” violentos de personas.
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