"Se trata de una inspección global, no de inspecciones aleatorias, no es constitucional" decía un letrado. "Quieren volcar todos los datos de los procesos judiciales en una hoja de cálculo para cruzarlos con los honorarios recomendados por los colegios de abogados; los que no cuadren, a por ellos"... Hacienda no sólo pretendía que se le informara sobre datos que afectan a abogados y procuradores. Además, solicitaba al CGPJ identificar al cliente del abogado en el procedimiento cuyos datos son requeridos.
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