Parece que les ha llegado la hora de la privatización a los montes, a la naturaleza en suma. La Comunidad de Castilla-La Mancha parece dispuesta a emprender la venta de los montes de utilidad pública que en principio son inalienables, imprescriptibles e inembargables, como establece la Constitución (artículo 132) y la ley de montes. Y además el Estado, a través de su Administración forestal, ha invertido mucho esfuerzo en hacer los catálogos que los incluyen y los protegen. Madrid promueve la edificación rural dispersa, la más insostenible.
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