Algunas autoridades autonómicas tienen intención de vender montes públicos declarados de utilidad pública. Aquellos a los que hemos reconocido que contienen valores y aportan servicios a toda la sociedad. El beneficio sería escaso y no precisamente repartido, las ganancias apenas resolverían nada al vendedor, y el balance a futuro tomaría tintes bastante catastróficos.
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