En los últimos 10 años, los municipios turísticos de la costa cantábrica han desarrollado una política urbanística basada en la construcción de segundas residencias. Los años de bonanza económica de inicios de este siglo permitieron a los consistorios gestionar grandes recursos económicos dado que aumentaron los ingresos procedentes de las tasas e impuestos relacionados con la construcción. En el caso de Llanes, el nuevo PGOU (ahora anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias) permitió la construcción de 4.000 viviendas desde 2003
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