El Ministerio del Interior podrá decidir por razones de urgencia la intervención de las comunicaciones de todo tipo en la investigación de delitos de especial gravedad, sin pedir autorización previa de la autoridad judicial como es necesario en la actualidad. Esta novedad figura en el capítulo de la interceptación de las comunicaciones telefónicas, telemáticas y de correspondencia escrita y telegráfica que contempla el anteproyecto de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha aprobado el Gobierno.
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