A finales de 2012, Hunosa, empresa pública controlada por Industria, denunció a la empresas Unión Minera del Norte (Uminsa) y Coto Minero del Cantábrico, propiedad del polémico empresario leonés Vitorino Alonso, por la desaparición de medio millón de toneladas de carbón pagadas al empresario pero que no estaban en el Almacén estratégico Temporal de Carbón. Concretamente Hunosa presentó una querella criminal por apropiación indebida y estafa que le habría ocasionado un quebranto económico de 46 millones de euros.
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