CSI·F considera que esta medida, aceptada por el Consejo de Protectorado de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) que preside la ministra Leire Pajín, “pone en riesgo de desaparición a nuestra institución al querer trasvasar las ventas de los productos de juego que comercializamos a una red de distribución ajena al vendedor”. El sindicato afirma que esta circunstancia provocará “un duro revés en la viabilidad del empleo y en la inserción social de las personas con discapacidad y del resto de trabajadores de la ONCE”.
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