El gobierno de México impulsó y logró que se aprobara, entre los países miembros de la ONU, la Ley de Extinción de Dominio, un proyecto para despojar a delincuentes de sus bienes obtenidos por la venta de drogas y lavado de dinero. A pesar de ser el promotor de esta acción y firmar un compromiso para su cumplimiento, en México esta ley aún se encuentra en discusión y ha generado división entre las corrientes políticas del poder legislativo del país, por lo cual no se ha logrado llevarla a la práctica.
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