Quien ha cometido un fraude delictivo tiene la oportunidad de pagar una sanción inferior (solo el 25% en la mayoría de casos) a la que tendría que pagar un contribuyente que hubiera cometido un fraude menos grave que no sea delito si fuera inspeccionado en vía administrativa. ¿Debería pagar una multa de 24 millones de euros para evitar la prisión? En absoluto
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