España no es un país de seis millones de parados donde se protege la okupación ilegal y se abandona a su suerte a los propietarios de viviendas. Ni el Gobierno central ha permitido la muerte de 20.000 ancianos de covid en residencias por la mala gestión de un vicepresidente que carecía de competencias sobre la materia. Ni se ha producido una subida de impuestos de 80.000 millones de euros en un año. Ni se ha excarcelado a etarras a cambio del apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado.
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