Así lo asegura Daniel Veiga, delegado de prevención de riesgos y responsable del comité de empresa de Medio Rural en Pontevedra, que añade que la consejería "les deniega los permisos de maternidad y lactancia", así como la "suspensión por riesgo". Esta última fórmula legal intenta evitar que esas mujeres permanezcan en un puesto en el que exista un riesgo para su salud o la de su hijo. Según explica, "hay varios casos de este tipo", por el que la CIG presentó varias denuncias ante Inspección de trabajo, ya que la Xunta "no les adapta el puesto"
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