El presidente de la Generalidad, Artur Mas, lo advirtió el pasado 22 de febrero, durante la rueda de prensa posterior a la cumbre anticorrupción promovida por él mismo. En opinión del dirigente nacionalista, un imputado solo debería abandonar el cargo público que ostente cuando se abra juicio oral, pero no durante el proceso de instrucción previo. Lo que nadie se imaginaba entonces es que el planteamiento de Mas incluía nombrar para un cargo público a un dirigente de su partido contra el que la Fiscalía se ha querellado por prevaricación.
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