El Gobierno aragonés se ha convertido en algo parecido a una agencia de colocación. Así lo demuestra el hecho de que más de la mitad de los 60 asesores que suman los distintos departamentos de la DGA sean concejales o antiguos cargos públicos a los que se les ha garantizado un sueldo público con su nombramiento. PSOE y PAR garantizan sueldos a concejales y a compañeros que se quedaron sin puesto. Quince de los sesenta titulares se han profesionalizado en la asesoria, hasta el punto de cambiar de consejería o de institución.
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