El abogado sevillano Juan Moreno Yagüe hizo uso en junio de 2010 del derecho de petición para exigir su derecho a votar las propuestas parlamentarias a través de internet. A pesar de que la ley no permite el silencio administrativo, el Parlamento ha superado con creces el plazo máximo de tres meses para darle una respuesta.
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