El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Joaquín Giménez, considera que la doctrina jurídica del "todo es ETA" no se ajusta a los preceptos básicos de un Estado democrático. Giménez cree que la aplicación de esa máxima "no es en modo alguno admisible y ello supondría instaurar un derecho penal de autor, que es incompatible con los postulados del Estado democrático, que se funda en el derecho penal del hecho"
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