La venta de 3.000 viviendas de protección oficial del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), en agosto, alivió algo las arcas regionales. Pero amenaza con traerle al Gobierno de Ignacio González más problemas en los tribunales. Aunque el consejero de Vivienda, Pablo Cavero, trató en noviembre de tranquilizar a los inquilinos afirmando que se mantendría el precio del alquiler
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