Maestros docentes y miembros de los órganos de gobierno de la escuela pública, privada y concertada ya tienen un respaldo legal y protección para el ejercicio de su profesión. Esto supone que los docentes gozarán del "principio de veracidad" en sus denuncias, lo que les da la posibilidad de adoptar "medidas cautelares provisionales" contra los alumnos que contravengan las normas de convivencia. Además, obliga a los alumnos a "reparar los daños que causen, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, los materiales del centro...
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