El gobierno regional va a abonar más de un millón de euros a esos centros que, en algunos casos, tienen causas abiertas en los tribunales por presuntos delitos de homicidio imprudente. Al menos otros catorce centros –la mayoría de ellos pertenecientes a tres grandes grupos empresariales- han pedido también una compensación y la Comunidad de Madrid les ha reconocido ese derecho.
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