Cada año 4.200 madrileños, el 70% de los 6.000 terminales que reciben sedaciones, son derivados por la Consejería de Sanidad a clínicas privadas religiosas para recibir un tratamiento paliativo en lugar de hacerlo en centros públicos. Los familiares de los enfermos denuncian el acoso en sus últimas horas para que confiesen, comulguen y reciban la extrema unción.
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