Se llaman La Resistencia, son ya 320 ciudadanos (para verano esperan llegar a 1.000) y han logrado que la Fiscalía General de Andalucía investigue tres asuntos de envergadura: el reparto ilegal de subvenciones en agencias de la Junta de Andalucía, contratos a dedo del Gobierno andaluz anulados por el Consejo Consultivo y los desahucios presuntamente ilegales de la Junta materializados a través de la Empresa Pública del Suelo de la Junta.
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