Gerard Dalmau aduce que las sanciones no son legales porque no están impuestas por agentes de la autoridad. El consistorio defiende que la ratificación del vigilante del parquímetro sirve como prueba. «Existen sentencias del Tribunal Supremo de otros municipios en las que se asegura que para que esta denuncia sea efectiva se precisa que la realice un agente de la autoridad, el cual posee la presunción de veracidad. Y éste no es el caso», explica este ciudadano.
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